QUE EL PRÓXIMO martes 10 de marzo se tiene como fecha tentativa la reapertura del Centro Regional de Cultura “Lic. Isidro Fabela”, en Atlacomulco. Que se tiene contemplado que ese día asista el Gobernador Alfredo del Mazo, quien, acompañado por autoridades culturales y municipales estaría cortando el listón que marcaría la fecha en que la casona del internacionalista Fabela, abra de nueva cuenta sus puertas para dar un mejor servicio a toda la ciudadanía atlacomulquense y de la región. Que la remodelación del inmueble incluyó pisos, paredes, techumbre, puertas, ventanas, iluminación interna y externa, jardineras, salones, oficinas, pasillos, patios, sanitarios, auditorios, salas de exhibición, vitrinas y muebles. 

QUE LAS BANCAS y la fuente, objetos que datan del año 1944 cuando se inauguró la plaza “González Bocanegra y Nuñó” (hoy Plaza Cívica “Lic. Isidro Fabela”), seguirán en el lugar, al igual que el famoso árbol de pirul.  (https://web.facebook.com/revistadinteres/photos/a.353068304720586/2544971685530226/?type=3&theater). Que la remodelación de la vieja casona de Isidro Fabela es producto de un Programa de rescates de casas de cultura implementado por el Gobierno del EdoMéx a través de la Secretaría de Cultura. Que esto se puntualiza por aquella tentación que se tiene de adjudicarse logros ajenos. ¿Cómo la ve?

QUE LA EMPRESA Recubrimientos Jemira, S.A de C. V., ubicada en la Zona Industrial de Atlacomulco, que inició actividades hace dos años (2018) en una nave rentada; el próximo mes de mayo arrancará con la construcción, en una primera etapa (1 mil M2), de su propia nave, en un terreno de poco más de 10 mil metros cuadrados. Que esta empresa da trabajo directo a poco más de 30 personas y ahora, con la obra empleará, a albañiles, plomeros, carpinteros, etc. Que esta empresa llegó a Atlacomulco gracias a las gestiones de la Asociación Profesional de Atlacomulco, S. P.

QUE SI USTED ES propietario de una clínica, hospital o presta algún servicio que tenga que ver con la salud humana y desea publicitar sus servicios, en cualquier medio (impreso, digital, etc.), deberá tramitar un PERMISO DE SANIDAD en la oficina de Regulación Sanitaria, esto con la idea de que no sea un charlatán el que ofrezca el servicio y ponga en riesgo la salud del paciente. Que entre los varios requisitos que se le piden al solicitante, está el TÍTULO PROFESIONAL. 

QUE POR ELLO LLAMA mucho la atención que en el Jardín “Hidalgo” de Atlacomulco, llevan semanas instalándose unos “oftalmólogos” y “expertos” en osteoporosis (así se anuncian), que ofrecen sus servicios a muy bajo costo y que ninguna autoridad de sanidad avale que los servicios que ahí se ofrecen sean ofrecidos por profesionales de la salud, al menos en su publicidad impresa no se observa el permiso correspondiente. Que, por si fuera poco, estos servicios están auspiciados por el Ayuntamiento, o al menos así rezan sus mantas, con lo que fomentan la INFORMALIDAD. Que todo esto sin contar con la competencia desleal que les significan a los comercios establecidos que pagan licencias, impuestos, y crean empleos. ¿Cómo la ve? 

QUE COMO SE comentó hace unas semanas sobre el cambio de sede de las oficinas municipales que se ubican sobre el libramiento Jiménez Cantú en la parte sur, al inmueble localizado sobre la calle Zapata, justo donde se iba a construir una clínica geriátrica, frente a la “Casa del Adulto Mayor” (https://web.facebook.com/notes/revista-dinter%C3%A9s/colocan-primera-piedra-de-cl%C3%ADnica-geri%C3%A1trica-en-atlacomulco/907897952570949/  ), que en un principio la idea suena bien: usar un inmueble que lleva poco más de 5 años sin utilizar, ahorrarse la renta y destinar ese dinero para obras o apoyos sociales y acercar el servicio al usuario, pero, nunca falta el famoso “pero”, el terreno donde se construiría la clínica fue donado por la Asociación Civil “Casa de Descanso San Vicente de Paul” para ser usado “EXCLUSIVAMENTE para la construcción y operación de una Clínica Geriátrica.” 

QUE ESTA DONACIÓN y decisión del uso del terreno está estipulado en la escritura número 930, volumen XXXIV, protocolizada ante la Notaria Pública No. 83 Lic. Norma Vélez Bautista, fechada el 18 de diciembre de 2013. Que la donación del multicitado terreno, fue hecha al Instituto de Salud del Estado de México, representado en ese entonces por la Directora General, Elizabeth Dávila Chávez. Que al cierre de edición (24.2.20), la decisión de prestar o no el inmueble al Ayuntamiento para colocar ahí sus oficinas administrativas, está en manos de la Secretaría de Salud, encabezada por el Dr. Gabriel O’Shea. Que obviamente, las integrantes de la A.C. Vicente de Paul, defendiendo el derecho que les asiste, no están dispuestas a ceder el terreno para que sea usado en otra cosa que no sea la construcción de la Clínica Geriátrica. ¿Cómo la ve? (https://web.facebook.com/notes/revista-dinter%C3%A9s/cl%C3%ADnica-geri%C3%A1trica-s%C3%ADmbolo-de-una-mala-administraci%C3%B3n/2596106883750039/)

QUE NO SE DEBE perder la edición No. 666 de d’interés, del próximo 15 de marzo, ahí se dará a conocer la forma en que el director del Deporte en Atlacomulco está engañando al Presidente Municipal y al Cabildo.  

El aplauso de la catorcena: A la Junta de Caminos Residencia Atlacomulco. Escuchó las quejas y sugerencias de la ciudadanía y puso manos a la obra. Ahora falta la Atlacomulco-San Felipe del Progreso y la barra de contención del puente vehicular en la salida a Toluca. 

El abucheo de la catorcena: A quien tuvo la “genial” idea de colocar comida envenenada en Las Fuentes para acabar con gatos y perros sin dueño. El abucheo va acompañado con 5 chiflidos y un llamado a las autoridades para sancionar esta irregularidad.

El beneficio de la duda: Los próximos viernes 13 de marzo y 4 de abril se llevarán a cabo los Carnavales de Atlacomulco y El Oro, respectivamente. ¿Superarán en calidad a las ediciones del año pasado?

La reflexión de la catorcena: Qué lejos está la tierra de Fabela de parecerse, en lo industrial, a San Juan del Río, y qué cerca está de regresar al Atlacomulco de los 50s del siglo pasado. 

“MÁTENLOS”, DIJO EL SER RACIONAL…

“Matar toros es un arte”, “colocar dos gallos para que se destrocen, una tradición”; y por el mismo camino van las –muy ridículas- excusas que suelen esgrimir aquellos que creen que el sufrimiento y muerte sin sentido de un animal está bien.

Apenas a finales de febrero hubo otra muestra de inconsciencia de este tipo en Atlacomulco. El aviso que apareció en la colonia Las Fuentes, donde se avisaba a los vecinos que, debido al aumento de gatos y perros sin hogar, era necesario colocar alimento envenenado “para controlar la plaga”.

Obviamente, el autor o autores de esta iniciativa no tienen ni idea de las implicaciones legales que esto conlleva. Mucho menos se puede tener fe en el humanismo que deberían tener y del cual están tan carentes. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México contempla penas de seis meses a dos años de prisión para quien lleve a cabo estos actos. La pena también incluye de 50 a 150 días de multa. Estos delitos se reportan al 01 800 70 28 770 o a la aplicación móvil de la FGJ EDOMEX.

Pero queda también el aspecto humano. ¿Quiénes abandonaron a estas mascotas? ¿Quiénes de verdad se preocupan –más allá de una indignación en redes sociales- por darle un poco de estabilidad a esas vidas que pasan entre el maltrato y la inseguridad?

Reprobable es lo que se pretende hacer en Las Fuentes. Pero no es menor la responsabilidad del Ayuntamiento de Atlacomulco, el Gobierno Estatal y de nosotros, los ciudadanos.

Si nuestra indignación da paso a una acción concreta, ya habremos ganado algo.

Amor; es la palabra.

ES TAN FÁCIL ROMPER UN CORAZÓN

El oculto –ni tanto- aspirante se levanta temprano. Como casi todas las noches, hoy soñó que lo designaban candidato de su partido. Como casi todas las noches, también, soñó que ganaba con un margen de votos enorme. 

¡La gente lo quería tanto!

El oculto aspirante lleva años en esto. Empezó de jovencito, casi niño. Ha brincado por corrientes y partidos políticos. Hoy está en el PRI, en Morena, en el PT, en el Verde, en Nueva Alianza, en cualquier plataforma que le ofrezca gobernar Atlacomulco. Si le ve posibilidades a una candidatura independiente, pues también le entra. Es omnipresente y elástico. 

Es un devoto de la genial frase que –mitad en broma, mitad en serio- enunciaba Groucho Marx: “Señoras y señores; estos son mis principios…y si no les gustan, aquí tengo otros”.

Pero no vayan a creer que la hipocresía, la volubilidad o el oportunismo son sus motores. No, nada de eso. Es un deseo genuino y muy fuerte de servir a este municipio que tanto quiere y a la ciudadanía que ama con locura.

Oh, sí.

El oculto aspirante se levanta de su cama y revisa las redes sociales. A ver dónde hay un conflicto al cual sacarle provecho. Si existe, da gracias a Dios, e inmediatamente corre a dejar testimonio de su preocupación. ¿Cómo? Sacándose una foto en el sitio.

Si no existe algún conflicto, entonces lo conveniente es hacer algo que lo ponga en la mira del respetable. Sus ejemplos a seguir son muchos, desde la sonrisa perfecta, el pelo engominado y la idea hueca de Enrique Peña Nieto, a la incansable cháchara grandilocuente pero que no dice nada de Andrés Manuel López Obrador.

Si por modelos no paramos.

Como el espectáculo es perpetuo y la fiesta política no se detiene –aun cuando no sean tiempos electorales- el oculto aspirante tiene que hacer algo para resaltar. ¿Regalar ropa o juguetes? Por qué no. Sacarse una foto en familia ante el Señor del Huerto. Claro. Citar –con errores ortográficos- a algún político o filósofo que ni conoce, también. Si tiene apostura física, pues una selfie (en mis tiempos, cuando aún era de buen gusto hablar en español, se conocía como autorretrato) sonriendo con discreta sensualidad ante la cámara. 

Niño de ego siempre frágil, es muy fácil hacer feliz al oculto aspirante. 

Mencionarlo de manera favorable en una “columna” de análisis político puede tener consecuencias extremas. Corre el riesgo de que le dé el síncope y también el torzón. El chincual –palabra náhuatl de muy curioso origen- de la aceptación popular tan soñada por fin parece cristalizarse, y tiene que mandar mensajes preguntando a los demás su opinión. En realidad, sólo quiere que confirmen que es un gran político.

“¿Verdad que sí es cierto? ¿Verdad que sí voy para algo grande? ¿Verdad que lo estoy haciendo bien? ¿Verdad que la gente me quiere? ¿Verdad que este sesudo análisis político me ganó unos cuantos miles de votos?”

Esta historia sería de esas que inspiran, sino fuera por los tristes finales que suele arrojar. 

El oculto aspirante se replica y replica incesantemente, de modo que ya no es uno, sino cientos. Todos con el mismo anhelo y todos retando una simple ley de la Física: un espacio sólo puede ser ocupado por un único cuerpo en un determinado momento.

Pero bueno…si nunca han apostado por la inteligencia, tampoco se les puede reprochar el no comprenderlo. 

A propósito: ¿Ahora sí pondrán vallas contenedoras a lo largo de Isidro Fabela con motivo del Carnaval de Atlacomulco?  

CORRUPCIÓN DE ALTA ESCUELA

La idea: La captura de Emilio Lozoya Austin en España es un logro muy importante para el combate a la corrupción. Esperemos que la gran madeja de corrupción que se dio el sexenio pasado se vaya desenredando para encontrar a los principales actores de este ejercicio de corrupción sistémica, de alta escuela. Por lo pronto Emilio  Lozoya y Rosario Robles están ya en la cárcel para ser juzgados. Esperemos que pronto caiga el resto.

La lista de escándalos de corrupción del sexenio pasado es extensa. Solo para recordar algunos, estuvo el de la “Casa Blanca de la Lomas”, residencia que se supone le fue financiada a la entonces primera dama por parte de Grupo HIGA, importante contratista del gobierno federal y del Estado de México, que se había beneficiado del contrato del tren México - Querétaro entre otras obras importantes. (Ver https://octaviodiazgl.blogspot.com/2014/11/la-casa-blanca-de-las-lomas-y-su.html?_sm_au_=i6V2nlq2LBBnSRtQMqfLjK3V7p36F)

Estuvo la “Estafa Maestra” donde se adjudicaron contratos para proyectos fantasmas, con la complicidad de universidades públicas y donde los desvíos superaron los 7 mil millones de pesos.

También las supuestas ventajas otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa española OHL, a cambio de apoyos para campañas políticas. OHL también es investigada en España por corrupción.    

En el terreno de la anécdota, se cuenta de oficiales mayores de importantes dependencias y del mismo Lozoya, quienes tan solo para sentarse a “platicar” con posibles proveedores, solicitaban millones de pesos y luego, cuando asignaban los contratos, se pedían sobornos de hasta 30% o 40% del valor de los contratos otorgados. O el caso de un director general de una institución que exigía que del organismo se extrajera un pago en efectivo para sus “gastos”, de 50 mil pesos diarios.

Respecto a Lozoya, se le acusa de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, tanto para la campaña del presidente Peña como para obtener contratos con Pemex. Además, también se le imputa la compra fraudulenta de una planta de fertilizantes a AHMSA y la compra de astilleros en quiebra, en España.

El común denominador de varios de estos casos de corrupción es la sofisticación con que actuaron oficiales mayores, sus equivalentes en paraestatales, sus subordinados y otros funcionarios de alto nivel. Lozoya, por ejemplo, es un experto financiero capaz de armar esquemas de lavado de dinero utilizando paraísos fiscales.  

¿Qué permitió que el sexenio pasado se diera un fenómeno de corrupción casi generalizada?  

Por una parte, parece que hubo un programa deliberado de corrupción que se extendió transversalmente a buena parte del gobierno federal y a algunos gobiernos estatales. 

Por otra parte, hubo una red institucional de protección a dichos actos. Por ejemplo, nunca se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera hubiera denunciado movimientos de dinero ilícitos relacionados con estos actos de corrupción en la administración pasada, o que la entonces  Procuraduría General de la República persiguiera con éxito esos casos. 

La llamada “Reforma Anticorrupción” que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue más bien un buen deseo que no tuvo, ni ha tenido, consecuencias prácticas en el combate a la corrupción. 

Falló también el control interno. La Secretaría de la Función Pública estuvo en manos de un encargado del despacho durante más de dos años. Él y su sucesor ya como secretario, permitieron que secretarios de estado y directores de paraestatales, nombraran a sus propios contralores. Esto cambió al final del sexenio, pero, o no le dio tiempo, o no pudo la entonces secretaria, realizar todos los cambios de contralores que se requerían. 

Esto propició que gran parte de las auditorías e investigaciones realizadas por esa Secretaría,  nunca llegaran al fondo de la problemática de corrupción y en los casos en que se llegó a descubrir algo, algunos se encubrieron y archivaron. 

Fallaron los consejos de administración de las empresas paraestatales que aprobaron operaciones de calidad dudosa o que francamente dañaban el patrimonio de las empresas, como en el caso de PEMEX.

Finalmente, fallaron los partidos políticos que escogieron a un grupo de cleptócratas como candidatos junto con sus equipos de trabajo y que probablemente ganaron las elecciones gracias a dinero proveniente de la corrupción que fue canalizado a la compra de votos. Fallaron también, quienes votaron por ellos. 

Vale la pena estudiar cómo se dio el fenómeno tan extendido de la corrupción el sexenio pasado, en especial los actos de corrupción de alta escuela con administradores de dependencias y paraestatales expertos en corrupción. Habría que revisar todo lo que falló para contenerlos y, en lo posible, evitar que se repita en el futuro. 

La captura de Robles y Lozoya son buenas noticias. Esperamos que solo sea el inicio de una larga cadena de  detenciones que vayan castigando a los responsables que produjeron uno de los sexenios más corruptos de que se tenga memoria.

EL CASO LOZOYA: UNA OPINIÓN MÁS

Desde que se dio a conocer el pasado miércoles 12 de febrero la captura en Málaga, España, de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante la pasada gestión gubernamental,  se ha desatado una cascada de declaraciones, entrevistas, opiniones y artículos, por parte de funcionarios y exfuncionarios, políticos, dirigentes y exdirigentes partidistas, legisladores, académicos, comunicadores, columnistas, líderes empresariales y analistas políticos, en torno a este presunto caso de corrupción, de un personaje destacado del primer círculo de colaboradores del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Las múltiples opiniones en torno a este emblemático caso de corrupción política, que de acreditarse fehacientemente los delitos que se le imputan, generará que aflore la putrefacción del pasado régimen, giran entre otros a los siguientes aspectos: la identificación falsa que le permitió transitar ilícitamente -prófugo de la justicia- por diversos países, antes de ser detenido; la ostentosidad en la que vivía, caracterizada por una enorme capacidad de poder adquisitivo; ser señalado como  artífice de una tranza multinacional y multimillonaria; ser considerado el símbolo de la corrupción del viejo régimen,  acusado por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Que su detención y esperada extradición, será la punta del iceberg para llegar a otros personajes de primer nivel en el gobierno pasado, vinculados con actos de corrupción; que Lozoya se convertirá en una fuente inagotable para alimentar el discurso de combate a la corrupción en el gobierno de la 4T; “Que la corrupción de Lozoya era de tal grado que cuando fue director de Pemex las citas con él se cobraban por la sola oportunidad de que el interesado fuese escuchado, los contratos, de prosperar, siempre llevaban un porcentaje de beneficio, de tranza, que se repartía entre la élite de la paraestatal con el conocimiento pleno y la venia de Los Pinos”.

Que, a partir de la solicitud de extradición, lo que viene pude ser largo y tedioso; que podría permanecer en España meses, quizá años, antes de enfrentar la justicia mexicana; que el proceso debe llevarse a cabo en apego al Estado de derecho y que salga a la luz pública todo lo que tenga que salir y se castigue, si hay lugar, con todo el peso de la ley. Que “en esta nueva etapa de la vida pública del país la aprehensión de Lozoya, es un avance clarísimo en materia de combate a la corrupción y la impunidad”, etcétera, etcétera.

El caso Lozoya continuará dando mucho de qué hablar en las próximas semanas y ocupará un primerísimo lugar en la agenda política de nuestro país, razón por la cual, decidimos sumar una opinión más en torno a este trascendental asunto.

La Fiscalía General de la República (FGR) en estricto apego a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá tejer en filigrana la integración de los expedientes de las demandas en contra de Emilio Lozoya:  operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, con el propósito de evitar que por irregularidades de carácter técnico o por faltas en el debido proceso, sea exonerado o al paso de unos meses o cuando más el término de la actual gestión gubernamental, quede en libertad, disfrutando de la enorme fortuna mal habida que posee él  y sus prestanombres -según se dice-, como ha sucedido con otros siniestros personajes de la vida pública de nuestro país.

La captura de Lozoya confirma -en opinión del Fiscal General de la República- la red de corrupción que se tejió en México en torno al caso Odebrecht.

Como lo señalamos (Revista d’interés, Ed. 663), “El combate a la corrupción, con todo y ser uno de los aciertos del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se deberá seguir combatiendo con firmeza y sin excepciones de ninguna naturaleza, incluyendo desde luego las de índole político. No solo por tratarse de una de las principales promesas de campaña de la alianza “Juntos Haremos Historia”, sino, sobre todo, teniendo presente que es un cáncer social que limita nuestro desarrollo democrático.

De la mano del combate a la corrupción, se deberán redoblar esfuerzos contra la impunidad, castigando con todo rigor y en estricto apego al Estado de derecho los delitos cometidos, sin excepción de ninguna especie, cumpliendo de esta manera el ofrecimiento de campaña que hiciera el hoy Presidente de la República: “Nada al margen de la Ley; Nadie por encima de la Ley”.

El caso Lozoya debe ser el punto de quiebre, no solo para el sistema de impartición de justicia mexicano, sino también para la política y la administración pública de nuestro país, haciendo que su proceso y esperada sanción coadyuven a “Purificar la vida pública del país”, como lo ha ofrecido el presidente López Obrador. Solo así se mitigará el dolor social que el binomio corrupción e impunidad le han causado al pueblo mexicano.

La sanción por sí sola no será suficiente, el mayor escarmiento para los “ambiciosos vulgares”, será recuperar para las arcas de la nación, todos los bienes y recursos mal habidos por esta sarta de corruptos que tanto daño le han ocasionado al país y a sus instituciones.

En estricto apego al Estado de derecho, se deberán identificar, procesar y castigar con todo el rigor de la ley a todos los y las implicadas: funcionarios, exfuncionarios, exlegisladores, familiares, políticos, empresarios, etcétera. Esta será una muestra fehaciente de que en la 4T se avanza en un cambio positivo en el sistema de justicia federal y se abonará a recobrar, por parte de la sociedad, la credibilidad en las instituciones de procuración de justicia en nuestro país. La voluntad política presidencial jugará un papel de primerísima importancia en este proceso.

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el más elemental sentido común permite deducir que Emilio Lozoya no actuó solo, que en su ilícito proceder contó con diversos cómplices, por arriba, en paralelo y hacia debajo de él; al interior de Pemex y fuera de la paraestatal, de ahí la imperiosa necesidad de identificar y sancionar a todos los implicados, sin excepción alguna, se trate de quien se trate, solo así honrarán su palabra de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ésta emanan.

Debe juzgarse y castigarse a todos aquellos que por acción u omisión facilitaron o encubrieron la ilícita actuación de Lozoya Austin, entre los cuales se encuentran quienes estuvieron al frente de la extinta Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, durante el gobierno de Peña Nieto.

Con José López Portillo fue Jorge Díaz Serrano, con Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Austin, no un tercer corrupto que atente contra el patrimonio de la industria petrolera nacional. No más corrupción al interior de Pemex, no más corrupción en la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, no más corrupción en los gobiernos estatales y municipales; no más corrupción en México.

Debiendo de seguir el gobierno el legado de Don Isidro Fabela Alfaro que menciona: “Que el poder no basta a los estadistas para dirigir a sus gobernados. Necesita autoridad y la autoridad soló se adquiere imponiendo justicia”.

EL SAT Y LA RAZÓN DE NEGOCIOS

d’interés…ados lectores, nuevamente con Ustedes intentando descifrar el nuevo mundo fiscal que como hemos comentado da muchas facilidades al SAT para la fiscalización y muy pocas oportunidades al contribuyente de darse tiempo para entender, pero, sobre todo implementar la normatividad.

Recuerden que el incumplimiento de cualquiera de estas normas puede llevar al SAT, el IMSS, la Dirección de Fiscalización del Gobierno del Estado de Mexico, entre otros, a castigar; la NO habilitación del buzón tributario, el no declarar correctamente ingresos o deducciones con la suspensión provisional o definitiva del sello digital, con lo cual quedamos imposibilitados a emitir CFDI´s, la inmovilización de dinero depositado en las cuentas del negocio, etc., etc.

Retomando el tema de nuestra publicación anterior, tratábamos la importancia de que el SAT vigilara en cuanto a la esencia de las operaciones y la razón de negocios del contribuyente.

Esto es que las autoridades en ejercicio de sus facultades de comprobación (Auditoria, revisión de escritorio, o solicitud de información y/o aclaración mediante buzón tributario) podrán PRESUMIR, salvo prueba en contrario, que los actos realizados por los contribuyentes carecen de “RAZÓN DE NEGOCIOS”, y como consecuencia desconocer sus efectos fiscales con la consecuente RECARACTERIZACIÓN tratándose de un pago o la actividad realizada.

La modificación correspondiente a la formalizaron en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, se constituye como una REGLA GENERAL ANTIABUSO que requiere para su formalidad y ejecución de un proceso intraprocesal que ya existe y trata de conformar una comisión con personas del propio SAT que resolverán acerca de la cuestión en particular.

Cabe hacer notar que no todas las figuras jurídicas que podrán declararse “sin efectos fiscales” están debidamente redactadas, dejando la puerta abierta al SAT para que en “aras” de sus facultades de comprobación rechacen lo que a su juicio consideren.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha dicho que: RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD PUEDE CONSIDERAR SU AUSENCIA COMO UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA LLEVEN A DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA CARGA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, publicado en la edición de noviembre 2017 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los conceptos que están “jugando” para identificar plenamente la razón de negocios los encontramos en temas como: Sustancia Económica, Entidad Económica, Materialidad, etc., y que tienen como fin último identificar que el contribuyente no obtenga “beneficios fiscales” por pretender con actos simulados reducir, eliminar o diferir el pago de contribuciones al pretender deducciones, exenciones, la no sujeción o reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable que a ojos del fisco sean fraude a la ley.

Cabe destacar que, en la doctrina de la razón de negocios, las operaciones celebradas por los contribuyentes deben tener una razón genuina para su realización, más allá de las implicaciones fiscales. Es decir, si una operación se realiza sin tener como fin la potencial obtención de una utilidad, aparte del beneficio fiscal, la autoridad administrativa o judicial no reconocerá el beneficio tributario. 

De esta manera, la razón de negocios es una doctrina que busca contrarrestar esquemas de elusión fiscal mediante la atribución de consecuencias fiscales acordes con la sustancia económica de una operación lícita, existente y válida, pero realizada sin la finalidad de obtener un beneficio económico o comercial, distinto del tributario.

Un taxista es taxista porque tiene un automóvil, deduce llantas, afinación, seguro, gasolina, etc., pero tendría “lógica” si como contribuyente no reconoce sus ingresos ante el SAT porque dice dar servicio a crédito,  hay razón de negocios cuando el farmacéutico, que recibe a sus proveedores en sus instalaciones con los medicamentos que le hacen falta, pretenda deducir $ 10,000.00 pesos de gasolina al mes argumentando compras fuera de su domicilio, parecería que la razón de negocios no existe.

Recordemos el tema del Arrendamiento de Casa – Habitación y Local Comercial, reiterando que no es novedad la obligación de emitir los CFDI´s por los ingresos percibidos y su complemento de pago, que se debe estar registrado ante el SAT y cumplir con la obligación de determinación y entero de las contribuciones correspondientes, la novedad a partir de este año es que se incluye como parte del expediente, que en caso de intervención del poder judicial a través del Ministerio Publico, o el Juez correspondiente (demanda para desalojo o por falta de pago, entre otros) se deberán presentar al representante del Poder Judicial dichos CFDI´s para que se pueda iniciar, tramitar y concluir el caso, sin dejar a un lado el o los contratos respectivos, en caso de no presentarlos, no se dará seguimiento a la demanda y el mismo representante Judicial deberá como obligación, denunciar ante el SAT dicho incumplimiento.

Se reforma el artículo 118, de la Ley de ISR, con un nuevo párrafo. Con esta modificación, cuando un arrendador gane un litigio por adeudo de rentas, lo que se pretende es obligar a la autoridad judicial a informar al SAT. Esto para que la autoridad fiscal sepa que mediante tribunal se cobrarán rentas vencidas y se le pueda exigir al arrendador los comprobantes fiscales. La autoridad judicial deberá informar al SAT en un plazo de cinco días hábiles de dicho cobro por parte del arrendador.

Saludos y seguiremos en el intento de darles a conocer las novedades del SAT para una mejor y más remunerativa relación fisco – contribuyente. Un abrazo.

DE CÓMO SE PLAGIÓ EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Como sociedad existe una dicotomía muy interesante, en lo público solemos rechazar la corrupción y manifestar nuestro hartazgo con aquello que implica hacer trampa; pero en lo privado no se duda en realizar actos deshonestos.

No es una generalidad, por supuesto, pero sí es una constante en las empresas privadas y en el servicio público. Refranes como “el que no tranza no avanza” o “no me den, pónganme donde hay”, más que una dudosa sabiduría popular, son muestra evidente del ventajismo que como sociedad solemos practicar.

De los ámbitos donde se presenta; la deshonestidad en el servicio público lacera más a la ciudadanía. La razón es evidente: son nuestros recursos y nuestro bienestar los que se encuentran en riesgo ante una mala actuación.

En el Ayuntamiento de Atlacomulco, un caso de deshonestidad intelectual se dio durante el transcurso de 2019, al interior de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), hecho que, además, fue publicado por el órgano oficial de esta administración.

Si damos un vistazo a la Gaceta Municipal, en su número 6, publicada en abril de 2019, encontramos en su interior el Plan de Desarrollo Municipal; documento importantísimo porque, a través de sus páginas, se dan a conocer las directrices que habrá de seguir un gobierno municipal a lo largo de su administración.

¿Los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal?  Básicamente es uno, garantizar el bienestar de los ciudadanos a través de estrategias que conduzcan a mejores resultados de gobierno.

El encargado de realizar el citado documento, y titular en su momento de la UIPPE, fue el Mtro. César Manuel Solís Cruz, quien lo presentó en la Sesión de Cabildo del 28 de marzo de 2019 y, recibió el apoyo unánime por parte de los miembros del Cabildo.   

Y ahí comenzó el problema. 

Posteriormente, el Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco fue enviado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), situación que debió ser bastante bochornosa una vez que se descubrió un hecho vergonzante: en sus páginas quedó huella de un plagio.

En la página 45, dentro del apartado donde se pretende fomentar el turismo en Atlacomulco, se lee la siguiente propuesta: “Gestionar programas y recursos para la conservación del Centro Ceremonial Mazahua y aquellos lugares típicos del pueblo mazahua, cuya riqueza cultural sea distintiva”.

Y cualquiera se pregunta, ¿en qué parte de Atlacomulco se encuentra un centro ceremonial mazahua?

Pero eso es sólo el comienzo, porque líneas más adelante encontramos que en el Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco se expresa que uno de sus propósitos es: “Posicionar a San Felipe del Progreso a nivel nacional, estatal y regional como un pueblo mazahua que conserva sus tradiciones”.

Mayor descaro no puede haber.

Como si no fuera suficiente, aquí otra muestra de deshonestidad y mala praxis al copiar y pegar. Cuando se habla de fomentar la inversión y generar empleos en el municipio, se expresa que es necesario: “Establecer una comunicación activa y permanente con los sectores industrial, comercial, público y de servicios para le detección de inversiones y negocios viables para la población sanfelipense y vacantes laborales”.

Aunque no hay datos oficiales se dice que la casona donde nacieran el ex gobernador Alfredo del Mazo Vélez (1904-1975) y el ex obispo Arturo Vélez Martínez (1904-1989) y que actualmente alberga al Centro Regional de Cultura “Lic. Isidro Fabela”, en el mero corazón de Atlacomulco, data su construcción en la última década de 1800.

Esta casona donada por Del Mazo Vélez a don Isidro Fabela, fue legada a mediados de la década de los 60s para que ahí se erigiera un centro cultural que contribuyera a elevar el nivel educativo y cultural de los habitantes de Atlacomulco y la región.

Inaugurado el 13 de septiembre de 1969 por el entonces gobernador electo, el Profr. Carlos Hank González, el Centro Cultural se convirtió desde su apertura en el punto de reunión de niños, jóvenes y adultos, que ávidos de conocimientos y cultura abrevaron en los cientos de libros que la biblioteca ofrecía de manera gratuita.

En poco tiempo el Centro Cultural pasó de ser solo una biblioteca, a ofrecer talleres vinculados a las bellas artes, a saber: pintura, teatro, música, danza, escultura y literatura; todas ellas impartidas por profesores de Atlacomulco y la región, encabezados por la maestra Chelito Mercado, quien, dicho sea de paso, fue directora del Centro Cultural por 45 años, desde su fundación hasta el 2015.

Durante sus 50 años de funcionamiento, al Centro Cultural se le han hecho algunas restauraciones, adecuaciones y ampliaciones, todo con la idea de seguir ofreciendo sus servicios de manera segura a los miles de visitantes, así como de categoría ya que de Centro Cultural pasó a ser Centro Regional de Cultura. Pero ninguna restauración se compara con la que se le ha hecho a partir del año 2019 y que en el próximo mes de marzo llegará a su conclusión, todo bajo un programa de restauración implementado por el Gobierno del Estado de México a través de las Secretarías de Cultura y Obra Pública y que incluye a otros 29 Centros de Cultura.

Pisos, paredes, techumbre, puertas, ventanas, plafones, iluminación interna y externa, jardineras y demás acabados de la casona fueron restaurados, respetando en todo momento la arquitectura original del inmueble. Se restauraron salones, dirección, sanitarios, salas de exposición, el despacho de don Isidro Fabela, incluidos sillones, escritorio, sillas y vitrinas; así como el auditorio y el patio central.

Mención aparte merece el famoso árbol de pirul, que tanta controversia levantó con su supuesto derribo (https://web.facebook.com/revistadinteres/photos/a.353068304720586/2544971685530226/?type=3&theater). Éste quedó justo en medio de dos aulas nuevas. De igual manera la fuente se reubicará dentro del jardín, con la idea de que el patio central quede más espacioso y sirva para conciertos, presentaciones de obras teatrales, entre otros espectáculos.

Las bancas metálicas permanecerán en el patio central.

Como fecha probable de reapertura se tiene programado el próximo martes 10 de marzo, en donde acudiría el Gobernador Alfredo del Mazo Maza, junto con autoridades municipales.