Sí, la mexicanísima “mordida”.

En ello destacan los policías de cuerpos estatales; quienes siempre salen a relucir en las historias ciudadanas. Ligados, desafortunadamente, a malas experiencias. 

Ahora bien, ¿qué es en sí un retén?

Es la instalación de un filtro policial para detectar algún tipo de actividad o hecho ilícito. Pero, si somos analíticos, en esta actividad entra el azar.  Salvo que exista un reporte específico, de un vehículo con características determinadas; lo cierto es que se detiene de forma indiscriminada casi todo tipo de autos.

Y, por encima de todo, destaca que la mayoría son vehículos con placas foráneas.  Los oficiales ruegan porque conductores de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo o la CDMX pasen por este municipio, ya que su prisa y lejanía de casa los vuelven presas fáciles de un “arreglo” para poder continuar.

Y así crece la fama de “Atracomulco”.

Lo legal

A inicios de los años 90, en México comenzó todo un movimiento para dar a conocer y, a partir de ahí, fomentar el respeto a los Derechos Humanos.  

Si bien no existían con ese nombre, parte de esos Derechos Humanos está consignado en distintas leyes que rigen la vida social de México. La principal, por supuesto, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aquí viene a cuento la comparación entre lo que sucede en los retenes y lo que dice la Constitución. Si la analizamos, simplemente los retenes no se sostienen. 

Veamos el artículo 11.

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República (…) viajar por su territorio (…) sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil.”

Por otra parte, en el artículo 16 encontramos:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”

Por último, encontramos en el artículo 26 de la Carta Magna una de las disposiciones que mayor interés debería generar en las personas que establecen los retenes. A saber:

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”

En resumen, tenemos que a) los ciudadanos podemos transitar libremente por las carreteras sin que se nos estorbe ese derecho sin justificación bien fundamentada, b) no se nos puede molestar en nuestras personas o posesiones si no hay una causa legal para ello –por supuesto, una causa legal no son las “sospechas”-, y c) en los retenes no hay una disposición del Ministerio Público destinada hacia alguien en especial. No se deben –pero por supuesto que se puede- emitir ordenes de revisión hacia la generalidad.

Tenemos entonces, que los retenes, desde un punto de vista legal, son anticonstitucionales y, para colmo, lo único que fomentan es la práctica de la extorsión a través de revisiones sin sustento.

Esto, sin que la Secretaría de Seguridad o el Gobierno del Estado de México se inmuten. Por supuesto, mucho menos les incomoda. 

Historias de terror

Maribel Cervantes Guerrero es la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Es, en resumen, la jefa de los policías estatales.

Por eso da mucho en qué pensar que ella misma reconociera en junio del año pasado que, al menos, 100 elementos de la agrupación estaban sujetos a investigación. Posteriormente, de este número, 15 de ellos fueron dados de baja. 

¿La razón? Tenían la “costumbre” de montar retenes falsos.

Imaginemos la escena. Si en los retenes autorizados suceden historias de terror, ¿qué no ocurría en los falsos? 

En internet circulan múltiples videos donde se consigna este tipo de actividad. En ella, policías sin identificarse detienen a cuanto vehículo circula por caminos, les solicitan documentación y, ante la más mínima falta –real o inventada, además- se les solicita el pago de una infracción que va de los 800 a los 4 mil pesos, según el efectivo que el conductor tenga o esté dispuesto a pagar.   

Para que la situación termine por ser caótica, es común que en el negocio de los retenes también entren policías municipales, con todo y que, en varios municipios mexiquenses, las funciones de Tránsito son atribución estatal, no de los gobiernos locales.

Ante todo este panorama, lo que queda claro es que por ignorancia o por muy mala fe, quienes participan en los tantos retenes no tienen presente el Reglamento de Tránsito del Estado de México, donde se especifica claramente, en el artículo 14 fracción I, que sólo las oficiales de Tránsito tienen la atribución de: 

“Expedir el documento impreso por la terminal electrónica en el que conste la infracción y la sanción, por violación a los ordenamientos de tránsito y demás disposiciones de observancia general, absteniéndose de amedrentar, extorsionar, injuriar, amenazar o denigrar al infractor, haciéndole entrega con respeto y de buen modo, de la infracción.”

Un buen deseo que no siempre se cumple. 

Cuando se logre la municipalización…

El Ing. Roberto Téllez Monroy se comprometió a un hecho que generó simpatía en el electorado. El eventual retiro de los parquímetros en las calles de Atlacomulco fue una de las claves para que los electores validaran lo que, a la postre, sería su gobierno municipal.

Si bien, teniendo en cuenta el orden vial que se deriva de estos aparatos, así como los ingresos que para el ayuntamiento generan; está no parecía una idea del todo correcta, lo cierto es que es que el retiro de estos aparatos es un asunto de cumplir con la palabra. Por ello, la salida que a este dilema ha expresado el presidente municipal de Atlacomulco, es proponer la municipalización de las funciones de Tránsito.

Así, una vez que la Legislatura estatal avale la propuesta, el asunto de las multas por ocultar placas, bloquear pasos peatonales, ocupar espacios prohibidos, descender pasaje en lugares no asignados para ello y toda suerte de infracciones le corresponderá al ayuntamiento, lo más probable a través de la oficina de Movilidad.

Sin embargo, aún no tenemos claro cuál es el esquema bajo el que operará esto, una vez que se consiga. Ignoramos cuántas personas laborarán en ello, cuál será el reglamento que delimite sus funciones y atribuciones, cómo lograrán que las calles donde hoy se encuentran los parquímetros no se conviertan –otra vez- en estacionamientos y una larga lista más de cuestiones.

Y una duda más. Los retenes de la policía estatal en el municipio tienen dos posibles vertientes: o siguen aumentando la mala fama de este municipio, o se llevan a cabo con la supervisión del ayuntamiento a través de un eventual convenio.

En el primer caso, la triste fama de “Atracomulco” continuaría entre los conductores foráneos que, al día de hoy, en verdad temen circular por este lugar.

En el segundo tenemos una dualidad, puede suceder que se diluya la mala fama de este lugar; pero también puede suceder que los abusos ya no sean sólo de policías estatales, sino del personal del Ayuntamiento de Atlacomulco.

Y esto sí que sería lamentable. Irónico que el remedio fuera peor que la enfermedad.

En percepción social; el fracaso

Pudiera suponerse que el punto de vista de este medio de comunicación es sólo eso: un punto de vista único.

Pero la crítica a los retenes es masiva y forma parte de lo que es la generalidad casi unánime. Prueba de ello es el sondeo que elaboró d´interés para sustentar la opinión que tiene la gente de la región.

Realizado en la página de Facebook, este sondeo mantuvo un marcado nivel de rechazo a los retenes (82%), aseverando que, más que un ejercicio para proteger a la ciudadanía de posibles hechos delictivos, el común denominador de ellos es la extorsión. En contraparte sólo un 18% dijo que los retenes sirven para inhibir la delincuencia. 

Y aquí entra el punto medular de este trabajo: ¿si las instituciones que deberían garantizar nuestra seguridad sólo son percibidas como medios para el ejercicio delictivo, por qué siguen existiendo?

Con una abrumadora supremacía de cerca de 8 votos negativos por 2 sufragios positivos; todo se reduce a que este municipio es conocido como “Atracomulco” por quienes pasan.

Un mensaje demasiado claro, para oídos que desde hace mucho tiempo se mantienen sordos.