Como se puede percibir, ante la ilegalidad en la que operan, un sujeto aborda su unidad y pretende huir para evitar la inspección, mientras una de las oficiales intenta cortar la retirada. Los compañeros del taxista inmediatamente comienzan a empujar a la oficial, mientras el conductor –poniendo en riesgo la vida de quienes ahí en encuentran- acelera y huye.

A partir de ello se desata la trifulca. 

En montón –no saben actuar de otro modo- y contra mujeres, los “valientes” taxistas comienzan a forcejear con una de las agentes a quien pretenden desarmar.  En la pelea, la pistola es accionada y detona un disparo.

La movilización de policías municipales y estatales termina con el conflicto. Todo el valor de los taxistas se transforma en cara de inocencia y culpar a los oficiales. De risa que uno de ellos, al exponer los hechos según su versión, termina con un “¿sí o no, compañeros?”

¿Esperaba que su grupo lo desmintiera?

Afortunadamente, queda evidencia en video de lo que en realidad sucedió, cómo evitaron que las agentes cumplieran con su trabajo, así como el jaloneo y violencia en contra de las autoridades.

Derivado de estos hechos fueron presentados en la Fiscalía Regional de Atlacomulco el taxista Diego de La Cruz Antonio y el ciudadano José Amado Casiano, quienes se oponían a que el personal arriba citado realizara sus funciones. En consecuencia se abrieron las NUC: ORO/ATL/ATA/014/072216/20/03 y NIC: ATL/ATA/01/MPI/604/00763/20/03 por el delito de resistencia.

El Código Penal del Estado de México tipifica este tipo de actitudes como un delito. Es en el artículo 126 donde encontramos lo siguiente:

“Se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio.

Tratándose de elementos de cualquier corporación policíaca, se requerirá además para la integración del delito, que el ultraje sea en presencia de personas ajenas a las corporaciones”.

Como complemento, en el artículo 127 se expresa:

“A quien ejecute ultrajes contra instituciones públicas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Si se cometieren en contra de un servidor público, se impondrán de seis meses a un año de prisión y de treinta a cien días multa”.

¿Se aplicará la ley o será otro de esos casos en los que todo queda olvidado “para mantener la paz social”?

Movilidad, una caricatura 

El 7 de marzo de 2019, un ilusionado Francisco Javier Téllez Chimal enunciaba en Twitter: “Con todo el compromiso y la emoción, agradezco al Gobernador @alfredodelmazo, la oportunidad y confianza para servir a todos los mexiquenses como Delegado de @SEMOV_Edomex Región Atlacomulco y los 15 municipios de la región norte de la entidad”.

Quizá aún conserve la emoción, pero, un año después, se ignora dónde quedó todo ese compromiso del que hablaba. 

Y no es que sus antecesores colocaran la vara muy alta, ni mucho menos.

Pero en el mar de mediocridad que se ha anidado en la Delegación de Movilidad de Atlacomulco, es increíble que llegara alguien aún más mediocre y anodino. Nada que comentar en todo el tiempo que lleva como delegado. Nada que muestre en las calles de Atlacomulco un cambio positivo. Nada que justifique su sueldo.

Y no es que no llegara prometiendo lo que todos hicieron. En la edición 643 de d´interés, donde en entrevista Téllez Chimal expresó sobre el transporte irregular:

“Tiene toda nuestra atención. Ha ido creciendo por el descuido mismo del sector transportista, porque no cubren las zonas que sí recorre Antorcha. Por supuesto ha habido municipios donde no se ha permitido su entrada, como en Acambay, Soyaniquilpan, Polotitlán, Aculco o El Oro. Es lo que vamos a buscar en los otros municipios, porque Antorcha solo representa una competencia desleal, menor competitividad e inseguridad. ¿Qué va a pasar? Va a haber más operativos, en caso concreto, también debe hacerse partícipes a los ayuntamientos, para que ellos entiendan y dimensionen la realidad de la Movilidad, porque puedo ir contra Antorcha, pero si cuentan con el visto bueno del municipio, es complicado actuar”.

Aún con todos esos buenos propósitos, Téllez Chimal paso un año en el anonimato laboral, transcurriendo su vida en reuniones sin ningún resultado claro. En el espacio de Twitter de la DGMOV Zona 1, no se menciona nada de trabajo. Sólo se limitan a retwittear todas las actividades del gobernador Alfredo del Mazo. Y es que a falta de acciones propias…

Hasta que llegó el 11 de marzo. 

Su personal, ante la reacción de los taxistas y el alboroto, salió corriendo y dejó morir solas a las agentes de Tránsito. Acción poco elegante para quienes, se supone, son quienes detentan la ley y quienes tienen la obligación de hacer cumplir los reglamentos de Movilidad.

No olvidemos que cumplir con lo que dice la ley forma parte del Estado de Derecho, abstracción que la mayoría de los ciudadanos no comprende, o si lo entiende piensa que el acto de respetar las leyes es obligación de los demás, nunca de uno mismo.

Las autoridades no están mejor con respecto al cuidado del Estado de Derecho. Temen aplicar la ley, y cuando lo hacen –las rarísimas ocasiones en que esto sucede- de inmediato meten reversa ante los reclamos sociales. Para ellos es mejor navegar cotidianamente con su imagen de incompetencia, de ignorancia, de corrupción y de ser un elemento comprable; como es el caso evidente del crecimiento del transporte irregular.

En fin…al menos el personal enviado por Movilidad durante este operativo fallido cuenta con una excusa: si su jefe, el delegado, es una mala broma, mera caricatura –como lo fueron sus antecesores-; no tienen otra opción que seguir el ejemplo.  

¡Gracias PRI!  ¡Gracias PT-Morena! 

Hoy, la ciudadanía vive con la zozobra de una nueva cepa de virus, el COVID-19, enfermedad que diezma a la población de distintos países y que ha llegado a México con todo el cúmulo de terror que carga.

Pero hay otro virus mucho más costoso, mucho más mortal y que vive con nosotros desde hace décadas: la corrupción.

Por antonomasia, cuando se menciona la corrupción se piensa en el PRI. Con merecidos “méritos”, además. Fueron años los que chapoteó este partido en la corrupción que, cosas del mexicano, era aplaudida mientras compartiera. “Roba, pero deja robar” era la excusa del cínico.

En Atlacomulco, una de sus muchas facetas se observó en el transporte público; desde emitir placas para transporte público a diestra y siniestra en un sistema por demás saturado, hasta permitir que se establecieran bases en las más diversas calles.

¿Había permisos de uso de suelo? ¿Estaban autorizadas por el Cabildo? Ni ellos mismos lo saben. Florecieron con tanta rapidez y al calor de acuerdos políticos, que nadie se tomó la molestia de observar si estaban o no avaladas por la ley.

Hablando de acuerdos políticos; la ecuación siempre fue –lo sigue siendo- simple, los distintos candidatos del PRI establecían una alianza con los taxistas; ventajosa para ambos: impunidad a cambio de votos. Por eso, como si estuvieran uniformados, los medallones de los taxistas siempre ostentaban publicidad del partido tricolor.

Antorcha Campesina es el rostro emblemático de ello. Creció a la sombra de estas sinvergüenzadas y hoy se ha vuelto incontrolable. Graduada en el chantaje, cierra calles, organiza manifestaciones y tiene en un puño municipios y aún al gobierno estatal. 

Su ejemplo se ha seguido por otras agrupaciones, como AAA, que hoy toma relevancia. Sus bases se encuentran en el cruce de Alfredo del Mazo con Avenida del Trabajo y en Manuel del Mazo. Bases no autorizadas obviamente. 

Hubo una esperanza de cambio con la llegada de PT-Morena. Esperanza que hasta el momento no ha pasado de ello. Quién sabe si los acuerdos políticos simplemente cambiaron de partido receptor. Quién sabe si haya algo más en el fondo. Lo único cierto es que nada ha cambiado desde el momento en que tomaron el poder al día de hoy.

¿Que no es su responsabilidad? Por supuesto que sí. A la delegación de Movilidad le corresponde evitar que circulen, es cierto, pero al Ayuntamiento de Atlacomulco le corresponde impedir que el uso de suelo en la cabecera municipal se dé para este tipo de actividades que ponen en riesgo a quienes las abordan, ya que no cuentan con seguro de viajero, no portan placas ni licencia de servicio público y nadie garantiza que el conductor no esté bajo los efectos de alguna droga legal o ilegal, ya que no se les aplican exámenes toxicológicos. 

Si grave es el problema con los taxistas autorizados, peor es el asunto con los irregulares.

Una cosa es cierta, queda más que patente que los choferes de Antorcha Campesina y AAA no van a ceder aquellos que consideran “sus” espacios. Si es necesario defenderlos con la violencia lo van a hacer, como ya han dejado testimonio. No van a cambiar porque sí.

Su determinación es todo lo contrario a quienes tienen la obligación de cumplir con la ley.

Esos no pasan de omisos, de negligentes, de timoratos, de cómplices y de corruptos. La lista de adjetivos es larga; y lo peor, no se ve para cuándo termine.