¿Con qué está construida la carretera Panamericana? La pregunta puede parecer ociosa en un principio, porque en lo exclusivamente material, hay asfalto y más asfalto; toneladas de él a lo largo del continente americano.

 

Pero, si nos enfocamos en el tramo que corre de Atlacomulco a Toluca, al material con el que está construida se le pueden añadir varias cosas tangibles e intangibles que, de una forma u otra, tienen eco en la realidad. Aquí, además de asfalto, hay intereses políticos, ambiciones personales, descarada manipulación mediática, carretadas de dinero, repercusiones ecológicas y proyectos partidistas.

 

Hoy, la Panamericana es motivo de debate otra vez, todo en medio de un proceso electoral que, si nos atenemos a las expectativas del INE, volverá aún más complejo el panorama nacional, estatal y local.

 

De cómo Eruviel se topó con un muro

 

11 de enero de 2016. Jocotitlán.

 

La mañana y el año comenzaban con un evento político al más puro estilo del PRI. Estaba cerca la debacle electoral del tricolor –sólo 2 años después, pasaría de la cumbre al completo descrédito-, pero nada de ello parecía surgir durante aquel día.

 

Eruviel Ávila, gobernador en ese momento, daba a conocer el proyecto de ampliación de la carretera Panamericana en el tramo Atlacomulco-Toluca. Y esto lo hacía como siempre lo supo hacer durante el tiempo en que estuvo a cargo del ejecutivo estatal: con un evento mediático en el que estaban todos, menos los verdaderamente involucrados en ello.

 

Esto no era obstáculo para su optimismo. “La región se beneficia porque tendrá más empleos. Los pequeños y grandes empresarios también serán beneficiados” dijo en un mensaje que, más allá de sus limitaciones verbales, estaba sustentado en las posibilidades económicas que supuestamente ayudarían a la región, en la que destacaban 8 mil empleos directos y 10 mil indirectos. 

 

Analizando el proyecto, se daba a conocer que a los dos cuerpos existentes –el que va con rumbo a Toluca, y por el que se regresa a Atlacomulco- se añadiría uno más, en medio de ambos. A esto se sumaría la construcción de 3 libramientos, uno en Ixtlahuaca, otro en Mavoro y uno más a la altura de Atlacomulco, todo ello con una longitud vial de 63 kilómetros. 

 

Como colofón, se hablaba de una “mejora sustancial del servicio en la autopista de peaje”.

 

Y ese es el punto a destacar. 

 

En abril del 2015, el Gobierno del Estado de México daba a conocer que la concesión de la Atlacomulco-Toluca cambiaba de manos. Anteriormente, era la empresa HOATSA, cuyo propietario es Carlos Hank Rhon, quien la explotaba. Sin embargo, se decidió que a partir de ese año se asignara a otra compañía denominada IDEAL.

 

Habitantes de Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca comenzaron una movilización social porque, pese a todo lo dicho por Ávila Villegas, había dos puntos que nadie tomó en cuenta y eran la necesidad de los campesinos de cruzar por esta autopista para llegar a sus terrenos de cultivo, así como el destino de los árboles que se ubican en el terreno que se iba a despejar. 

 

Hacia marzo del 2016, ya eran importantes las movilizaciones campesinas en la región, estableciendo cierres vehiculares en diversos puntos de la vialidad. En suma, la petición era que se les tomara en cuenta en algo que, lejos de beneficiarlos, les traería más problemas de los que ya tienen.

 

La insurgencia popular tuvo a su favor el resultado final, como todos sabemos. El ascenso de Morena y la caída del PRI en la región también están relacionados con ello.   

 

Los saldos de este proyecto fallido fueron una inversión de 5 mil 500 millones que no se llevó a cabo por parte de IDEAL, empresa constructora propiedad de Carlos Slim; una extensión del tiempo de concesión que el Gobierno del Estado de México le otorgó a dicha empresa hasta el año 2031 para seguir cobrando el peaje, y el campo fértil para que cualquier político u organización partidista haga de este tema su bandera.

 

Como ha sucedido siempre, por supuesto. 

 

¡Paaaaseeeen, paaaseeeeen! ¡Aquí está su templete políticoooo!

 

La lucha social y las casetas han estado ligadas desde hace mucho tiempo. Desde 1997. Este año se cumplieron 23 de aquellas manifestaciones en las que gente de la región decidió hacer valer sus derechos. 

 

La memoria histórica siempre es valiosa y esta es una muestra de ello. 

No sólo fueron ciudadanos de Atlacomulco, sino gente de El Oro, Temascalcingo, Acambay, Jocotitlán, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Jiquipilco o Morelos quienes se incorporaron a la manifestación en contra de las casetas. Y no eran campesinos únicamente quienes protestaban, sino que sectores sociales como profesores, estudiantes, taxistas, amas de casa, y gente dedicada a las más diversas profesiones también acudieron a defender su derecho al libre tránsito.

 

Pero, más allá del fenómeno social que esto tuvo, durante esta ocasión estamos analizando las dinámicas políticas que los actores de ese momento tuvieron. 

 

Registros de la época, por parte de d´interés resaltan dos aspectos: que representantes políticos de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estuvieron presentes durante las manifestaciones sociales. Para vergüenza del Revolucionario Institucional, ni uno solo de sus representantes en ese momento, ya fueran presidentes municipales o diputados, tuvieron los arrestos de hacer presencia.¿Cómo era el panorama político de esa época? César Camacho Quiroz era el gobernador, el PRI controlaba la Cámara de Diputados local y la inmensa mayoría de los ayuntamientos mexiquenses. La prensa -no toda, afortunadamente, aunque sí la mayoría-  también estaba controlada por el poder tricolor y sólo daba a conocer lo que se emitía a través de boletines oficiales, de modo que era muy fácil descalificar o minimizar lo que ocurría con las protestas en las casetas.

 

Por supuesto, la masificación de la información era algo mucho más complicado de lo que es en la actualidad. Hoy, si algo se publica en Facebook, por ejemplo, tiene una repercusión inmediata, pues en tiempo real es posible enviar fotos o videos de un determinado evento. Ese es un avance insuperable en materia informativa.

 

¿Era genuino el apoyo que PAN y PRD daban a los inconformes con las casetas? Probablemente. En casos como esos, es imposible una afirmación o negación categórica. Pero lo que sí se puede asegurar es que, en materia política, esta era una oportunidad inmejorable para salir a escena y ofrecer a ambos organismos como una opción electoral a lo que el PRI hacía en ese momento.

 

Ahora bien, sólo era cuestión de tiempo para que el priismo se diera cuenta de que, como ya lo hacían otros partidos, era necesario tomar la causa popular y realizar un mitin en las casetas de la carretera Panamericana.

 

Como es sabido, el priismo tiene una organización interna basada en tres sectores: el obrero, el popular y el campesino.

 

Pues bien, durante el año 2007, agrupaciones de carácter campesino y militantes del PRI tomaron las casetas para hacer público su rechazo a las políticas que afectaban al campo mexicano. Eran los años en que Acción Nacional detentaba el poder federal y el tricolor era oposición.

 

Es curioso pensar que sólo 10 años antes, los papeles eran inversos y los señalamientos similares. 

 

Y es que las casetas son un templete político que se vuelve imposible de rechazar.  

 

Breves recuentos de unas casetas tomadas

 

Hay aspectos que se tienen que cumplir como una formalidad. Para los actores políticos, es necesario estar presentes en aquello donde se les brinde la mayor cantidad de reflectores dentro de las protestas sociales. Claro que esto sólo aplica para aquellos que se encuentran en un partido de oposición al gobierno en turno.Pues bien, si comenzamos con lo que ocurría a finales del siglo XX, entre los primeros bloqueos que se dieron en las casetas debemos tomar en cuenta lo ocurrido en la primavera y verano de 1997.

 

Pero, si ahondamos más allá de esto, las casetas de la Panamericana han servido para evidenciar distintos movimientos sociales que no necesariamente tienen un trasfondo de búsqueda de espacios políticos. De hecho, su toma también ha servido para llamar la atención sobre problemas sociales de distinta índole.

 

Grupos de recicladores, conocidos como “chatarreros”, también han tomado estas casetas como parte de su movimiento para evidenciar las condiciones que privan en el sector donde se desempeñan, destacando que están en contra de que se considere como un delito el traslado, acopio, confinamiento y venta de los productos como papel, latón, PET, aluminio, bronce, metales ferrosos y no ferrosos.

 

En esta vialidad también se ha dado la toma de casetas por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, de Tenería, quienes han mantenido el paso libre por más de 7 horas. La petición de los estudiantes ha sido que se retiren las carpetas de investigación que autoridades estatales han levantado en su contra en distintos momentos. Cuando han tomado las casetas, también han recurrido al “boteo” como una forma de obtener recursos por parte de conductores. 

 

Por cierto, ¿recordamos cómo se inició el 2017? Aquí, en Atlacomulco, ciudadanos de este municipio decidieron hacer público su rechazo a las alzas en el costo de hidrocarburos que tanto malestar generó el gobierno federal del ex presidente Enrique Peña Nieto.  En esa oportunidad, un contingente de ciudadanos agrupados en el colectivo “Consciencia Ciudadana” decidió realizar la toma de la caseta Atlacomulco-Toluca, hecho que tuvo especial relevancia por lo que significaba el rechazo al mandatario en su propia tierra natal. 

 

¿Y los habitantes de Valle Los Sauces? Aquí tenemos otro conflicto social no resuelto, potencialmente peligroso y de sobra conocido. Quienes viven en Casas Geo, simplemente han sido víctimas de la ineficiencia por parte del sector privado y el desdén de gobierno federal, estatal y municipal. La falta de servicios básicos como el alumbrado público y suministro eléctrico, así como la falta de un eficiente sistema de recolección de residuos los han obligado a tomar la caseta Atlacomulco-Toluca en diversas oportunidades.

 

Por supuesto, han existido más ocasiones en las que las casetas han sido escenario de demandas sociales, pero lo anterior es suficiente para dejar claro que, si alguien, en cualquier momento, desea hacer patente su inconformidad con alguna de las cuestiones sociales que existen en la región, basta con dirigirse a las casetas para enunciar un discurso que siempre tendrá oyentes.

 

 

El (muy mal asesorado) legislador Max Correa

 

A lo largo de este 2020, hemos visto distintos pronunciamientos en materia económica. La pandemia por el COVID-19 no ha hecho más que profundizar las desigualdades que ya se venían arrastrando. Una de esas desigualdades es la económica y, junto con la de Salud, es una de las más preocupantes. 

 

Pues bien, es en ese marco en el que se han llevado a cabo algunas manifestaciones que tienen por líder al legislador Max Agustín Correa Hernández, presidente de la Comisión de Protección Civil, además es Secretario de la Central Campesina Cardenista y vicepresidente de Asuntos Campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

 

En por lo menos dos ocasiones, Max Correa ha acudido a la caseta Atlacomulco-Toluca para demandar que el paso sea libre en este tramo, retirando las casetas de peaje “Cote” en el propio Atlacomulco y “El Dorado”, en Almoloya de Juárez. 

 

Esta solicitud, inclusive, se tradujo en un exhorto al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Realizado en la Cámara de Diputados del Estado de México, busca recuperar, modernizar y que quede libre de peaje la vialidad, el cual fue aprobado por los diputados de Morena, PT y PES, en tanto que los diputados del PRI, PAN y Verde Ecologista rechazaron tal ejercicio.

 

Pues bien, en la más reciente manifestación llevada a cabo en el sitio, por parte del diputado Correa, se afirmó que la demanda más urgente entre los ciudadanos del norte estatal es que el paso sea libre en la carretera Panamericana, lo cual, de entrada, deja en claro que Max Correa no tiene el pulso de lo que en verdad ocurre en esta vialidad.

 

Y esto, por supuesto, se afirma sin pretender demeritar la labor del diputado.

 

Veamos. 

 

El cuerpo original de la carretera Panamericana es el que corre en el sentido Atlacomulco-Toluca, ya que el otro cuerpo, que corre de Toluca a Atlacomulco, fue construido con capital privado. Eso nos lleva al primer problema con la posible liberación de la vía, ya que, si esto sucediera, ¿se le liquidaría a la empresa concesionaria? ¿se consideraría que con todo el tiempo de usufructuar esta vía está más que pagada?

 

Los litigios que esto conllevaría serían de una duración bastante larga, sumado a la defensa legal que los empresarios privados interpondrían, ya que el cobro de peaje es un negocio por demás provechoso. 

 

Hagamos una simple operación matemática. Actualmente, el cobro de peaje por un auto compacto es de 43 pesos. El cálculo más bajo en promedio, es que al menos 15 automóviles pasan cada minuto por cada carril de la caseta Atlacomulco-Toluca. Esto nos arroja que, sólo en un carril, cada hora se recaudan 38 mil 700 pesos. Cada día, ese mismo carril arroja ingresos por, al menos, 928,800 pesos. Al mes, tal carril brinda ganancias por más de 28 millones 235 mil pesos. 

 

Pensemos ahora en lo que se recauda en un año y por el resto de los carriles. Es una cifra brutal. ¿De verdad se renunciaría a un negocio de estas proporciones fácilmente? ¡Nunca!

 

Por ello es que un simple exhorto, por mucho que lo hayan realizado los diputados morenistas, en una cámara controlada por Morena, no tiene la fuerza suficiente para cambiar esta situación. De hecho, es muy poco lo que ha trabajado este partido para cambiar el estatus de la Panamericana. Es, en suma, como no querer comprometerse a fondo en nada y sólo pretender dar una buena impresión.

 

Hay otro punto en el que el diputado Max Correa podría poner atención.

 

Para los residentes del norte estatal, el paso por el cuerpo original de la carretera Panamericana es gratuito. El verdadero problema –y eso como dirigente campesino debería ser de su conocimiento- es que muchos de los ejidos y tierras de labranza de Jocotitlán e Ixtlahuaca quedaron divididos por la autopista. La cuestión está en el paso de maquinaria agrícola.

 

Son muchísimas las ocasiones en que campesinos de estos municipios han sido multados por la Policía Federal, ya que está prohibido el paso de tractores por ella. Esto, en esencia, es el fondo del asunto. Conseguir, al menos de momento como prioridad, que se construyan pasos y accesos seguros para dichos campesinos es la verdadera petición de los habitantes. 

 

De hecho, ésta –junto a la construcción de paraderos seguros, construcción de puentes vehiculares, así como peatonales- fue una de las cuestiones por las que se malogró la ampliación proyectada durante el gobierno de Eruviel Ávila. 

 

En descargo del diputado, se puede decir que, al no ser originario de la región, ni tener mayor cercanía con ella, es comprensible que desconozca estas condiciones. Pero resulta extrañísimo que quienes lo acompañan nunca le hayan dicho de esta situación.

 

Epílogo

 

Como escenario de luchas sociales y de oportunismos políticos, la carretera Panamericana todavía tiene mucho espacio para ofrecer. Hoy que nos encontramos al inicio de un proceso electoral que desembocará el 6 de junio del 2021, es una apuesta segura decir que habrá más manifestaciones y más señalamientos con respecto a ella.

 

Pero, más allá de las muy previsibles palabras, convendría que como ciudadanos nos percatáramos de lo que esta vialidad representa para los diferentes actores políticos y para el sector privado de la región.

 

La caseta Atlacomulco-Toluca es, en esencia, un negocio fenomenal tanto en lo económico como en lo político. 

 

Un negocio en el que, desafortunadamente, hay más interés en mantenerlo vivo que en remediarlo socialmente. Son demasiadas las personas que apuestan por que las cosas se queden como están porque así conviene a sus intereses; y eso incluye a priistas, morenistas e inversionistas.

No está de más abrir los ojos a esta realidad.